Entre rejas, acosados o en el exilio, los periodistas de Centroamérica desafían la presión creciente de líderes autoritarios

Nota del editor: este artículo se ha actualizado para reflejar el anuncio de cierre de elPeriódico.

El Faro es uno de los medios de comunicación más destacados de El Salvador y una referencia para el periodismo independiente en toda Centroamérica. Por eso, cuando sus fundadores anunciaron en abril que habían encontrado un nuevo domicilio fuera del país, muchas voces lo vieron como un mal presagio para la libertad de prensa en una región donde el periodismo ha estado demasiado tiempo bajo presión. 

Pero ésta no fue la primera advertencia. En la vecina Guatemala, José Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico, fue detenido en julio de 2022 acusado de blanqueo de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Desde entonces está en la cárcel.

El viernes 12 de mayo, los compañeros de Zamora anunciaron que el periódico se verá obligado a cerrar debido a las presiones del gobierno. Explican que nueve de sus periodistas están siendo investigados, cuatro de sus abogados han sido detenidos y dos siguen en la cárcel. "Seguiremos creyendo en una Guatemala justa y con libertad de expresión sean posibles; una Guatemala donde la democracia pueda florecer", afirman.

?? Aviso importante a nuestros lectores, anunciantes, sociedad en general y comunidad Internacional. ⚠️ pic.twitter.com/jt0Z8Y8gMc

— elPeriódico (@el_Periodico) May 12, 2023

Empujar a un medio al exilio

Fundado hace 25 años, El Faro se ha registrado como organización sin fines de lucro en Costa Rica. Aunque la redacción principal permanece en El Salvador, sus operaciones legales y administrativas se han visto obligadas a salir del país debido a lo que describen como una implacable campaña de acoso gubernamental.

La decisión de El Faro es la señal más reciente del continuo deterioro de la libertad de prensa en Centroamérica, una de las regiones más peligrosas para los periodistas y un lugar donde los medios se enfrentan al acoso gubernamental y a complejos desafíos legales. Para este artículo, he hablado con tres periodistas de El Salvador, Guatemala y Honduras para evaluar el grado de deterioro de la libertad de prensa en cada país y en la región en su conjunto.

Para Sergio Araúz, subjefe de redacción de El Faro, trasladar sus operaciones administrativas y jurídicas a Costa Rica es un "escudo" que los protege contra el acoso persistente que sufren en el país a manos del presidente Nayib Bukele. "Nuestra permanencia como medio sólo se podría concebir en un sistema democrático con independencia de poderes", afirma.

El Salvador ha experimentado un fuerte desmantelamiento de la libertad de prensa desde la elección de Bukele en 2019. Antes de su llegada al poder, el país ocupaba el puesto 66 en índice mundial que elabora Reporteros Sin Fronteras. En 2023, El Salvador ha caído al puesto 115 de los 180 países incluidos en el índice. El presidente Bukele ha atacado sin descanso a los periodistas y ha creado un entorno hostil para ellos con acciones que van desde el espionaje hasta la desacreditación.

Una investigación independiente reveló en 2022 que 35 activistas y periodistas fueron vigilados durante más de un año con el programa espía Pegasus, cuyo desarrollador israelí opera exclusivamente a gobiernos. La investigación también reveló que el hackeo se produjo mientras los periodistas informaban sobre asuntos delicados relacionados con la administración de Bukele. Una vez instalado en un dispositivo, Pegasus puede vigilar mensajes de texto, historiales de búsqueda, ubicaciones GPS e incluso encender el micrófono y la cámara del dispositivo para grabar conversaciones sin ser detectado.

“Cuando vimos la dimensión de estos informes, nosotros dijimos ‘la verdad que tienen nuestra vida’  ya que han tenido acceso a nuestras conversaciones,” dijo Araúz, quien se identifica como una de las víctimas en el informe.

El escándalo de Pegasus se produjo en un contexto de otros ataques contra la prensa en El Salvador. A los periodistas se les ha impedido cubrir protestas y visitar escenarios de homicidios, y con frecuencia se les ha vetado el acceso a conferencias del gobierno. 

Bukele ataca habitualmente a los periodistas desde su tribuna. Dedicó una conferencia de prensa de dos horas a denigrar y condenar a los medios de comunicación independientes. En múltiples ocasiones se ha referido a los periodistas como "activistas políticos" y ha insinuado que son corruptos. Un informe especial de la agencia de noticias Reuters reveló cómo el gobierno de Bukele ha empleado influencers pagados, trolls y "probablemente granjas de bots" para crear y participar en mensajes progubernamentales en las redes sociales.

Araúz afirma que estas tácticas son utilizadas por el Gobierno como métodos para "despreciar o deslegitimar" a los medios de comunicación independientes como ellos. "En El Salvador, El Faro tiene la connotación, gracias al presidente y a todos sus voceros, de ser una especie de opositor", dice Araúz. "Es otra forma de vulnerar nuestras libertades: la deslegitimación o la etiqueta que nos ha puesto el presidente de políticos".

La ley como arma contra el periodismo

Los desafíos jurídicos contra los periodistas en la región también se han intensificado y se han vuelto más complejos e insidiosos que nunca. En El Salvador, el Gobierno ha abierto una investigación por blanqueo de dinero contra El Faro. Se trata de una táctica que le suena muy familiar al periodista guatemalteco José Carlos Zamora, que actualmente trabaja como jefe de comunicaciones de Exile Content en Estados Unidos.

El padre de Zamora, el periodista guatemalteco y presidente del diario elPeriódico José Rubén Zamora, se encuentra entre rejas en prisión preventiva, acusado de blanqueo de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El hijo de José Rubén, con quien hablé antes del cierre del periódico de su padre, dice que estos ataques tienen un costo muy alto para los periodistas, en términos de tiempo y dinero.

“[Las autoridades] empezaron con toda esta serie de demandas,” dice Zamora. “Originalmente eran demandas civiles, pero ellos saben que atacan también las finanzas de los periodistas y de los medios, porque hay que estar pagando abogados, hay que estar yendo a audiencias judiciales. En los últimos 10 años, han tratado de inundar a los periodistas con demandas espurias que no tienen sentido.”

Periodistas de otros países de la región han sufrido destinos similares. En abril de 2022, un juez de Nicaragua condenó a Juan Lorenzo Holmann, director del diario La Prensa, a nueve años de cárcel por blanqueo de dinero, además de ordenar el cierre de las instalaciones del periódico. Desde entonces, Holmann ha sido puesto en libertad, expulsado de Nicaragua y desposeído de su ciudadanía.

Nicaragua: ¿una muestra del futuro? 

La represión contra la libertad de prensa es aún más dura en Nicaragua que en los países vecinos. Pero otros dirigentes centroamericanos aplican tácticas similares para presionar a los periodistas y silenciar a la prensa. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha encarcelado sistemáticamente a periodistas y los ha obligado a exiliarse. También ha hecho muy difícil que cualquier fuente hable con la prensa.

"Esta doble criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión, con el propósito de silenciar a los periodistas, las fuentes de noticias y la libertad de opinión, representa la última etapa de un largo proceso de demolición del Estado de derecho en Nicaragua", dijo recientemente el periodista nicaragüense exiliado Carlos F. Chamorro en marzo en nuestra Memorial Lecture anual.

El régimen de Ortega también ha promulgado leyes que luego se han utilizado para socavar la libertad de prensa. En 2021, aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con penas de cárcel, por ejemplo, a quienes difundan "informaciones falsas o tendenciosas que causen alarma y terror entre la población."

Una ley de 2020 para la regulación de agentes extranjeros obliga a cualquier ciudadano nicaragüense que trabaje para "gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras" a registrarse ante el Gobierno, informar mensualmente de sus ingresos y gastos, y avisar previamente en qué se gastarán los fondos extranjeros. Esta ley, que ha sido adoptada en diferentes formas por otros países autoritarios, permitió al régimen de Ortega controlar las finanzas de las organizaciones de noticias independientes apoyadas por benefactores extranjeros.

Ahora se está debatiendo una ley similar en El Salvador, pero con otra peligrosa salvedad: se gravará con un impuesto del 40% a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación que el Gobierno considere que participan en política o alteran el orden y la estabilidad del país.

"Esta amenaza básicamente hacía imposible la sostenibilidad del periódico", afirma Araúz, de El Faro. "¿Cómo vas a funcionar con un impuesto de ese tipo? Ésta fue otra razón que nos llevó a acelerar nuestra partida".

El mal uso de una buena ley 

El uso de la legislación como arma contra los periodistas también se ha implantado con fuerza en Guatemala. "Hace un par de años se aprobó una ley muy importante que es una Ley contra el Feminicidio para proteger a las mujeres que viven en condiciones vulnerables, porque viven con una pareja violenta", dice Zamora. "¿Y qué pasó? Mujeres políticas y congresistas empezaron a usar esa ley para demandar a periodistas, lo cual es una aberración legal. Es un grave uso de esa ley e incluso afecta a gente que usa esa ley legítimamente."

En 2022, por ejemplo, la funcionaria pública guatemalteca Dina Bosch Ochoa interpuso una querella criminal contra tres periodistas de elPeriódico por violencia psicológica contra la mujer amparándose en la Ley contra el Feminicidio. La demanda se presentó justo después de que elPeriódico informara que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala renovó el contrato de Bosch Ochoa y cubrió sus presuntos vínculos con un caso de corrupción. El artículo insinúa que esta fue contratada para el puesto porque su madre es presidenta de la Corte Constitucional. 

El diario estadounidense Los Angeles Times también documentó otros siete ejemplos en los que los tribunales guatemaltecos han dictado órdenes de alejamiento contra reporteros en virtud de esta ley que supone proteger a las mujeres contra la violencia. 

Desde el inicio de la administración del presidente Alejandro Giammattei en Guatemala, en 2020, más de 30 operadores de justicia, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos han abandonado el país por supuesta persecución en su contra. En los tres años de Presidencia de Giammattei se han producido más de 350 agresiones contra periodistas y su trabajo, según la Asociación de Periodistas de Guatemala.

Zamora afirma que estos ataques son una persecución política. "El Estado es todopoderoso. Crea un caso criminal con hechos inventados o retorciendo algunos hechos reales para decir una mentira, y eso les permite a los políticos capturar a periodistas y meterlos presos", afirma.

Los abusos en otros países de la región

El Salvador, Guatemala y Nicaragua no son los únicos países de la región donde la prensa está asediada. Jennifer Ávila, cofundadora y redactora jefe del medio de investigación hondureño Contracorriente, también trabaja en un entorno muy difícil. 

Aunque la principal amenaza para los periodistas en Honduras es la violencia física, explica Ávila, a quienes trabajan en los medios de comunicación también se les ha impedido realizar su trabajo en diferentes capacidades. Acceder a fuentes gubernamentales se ha vuelto cada vez más difícil, así como conseguir que los funcionarios públicos rindan cuentas.  "Se ha instalado esa narrativa de que los ministros, la presidenta o las autoridades hablen directamente con el pueblo", dice. "Utilizan sus canales gubernamentales y no se enfrentan al escrutinio público". 

Incluso países como Costa Rica y Panamá, considerados los más estables de la región, están sufriendo ataques contra periodistas. Siguiendo las recetas de muchos líderes regionales, el presidente costarricense Rodrigo Chaves se ha mostrado hostil hacia los periodistas refiriéndose a algunos de ellos como "sicarios políticos", "ratas", "gente mala que quiere dañar al país" y "señores feudales".

"Hay mucho estigma sobre la prensa independiente", dice Ávila. “Es una narrativa regional decir que los periodistas son vendidos o que los periodistas quieren desestabilizar al gobierno. Todo este tipo de narrativas que usa Nayib Bukele, que usa Ortega, que usa ahora el presidente de Costa Rica, son narrativas que estigmatizan más a los periodistas".

En Panamá también se han multiplicado los ataques judiciales contra periodistas y medios.

Los abogados del ex presidente Ricardo Martinelli intentaron embargar los bienes de dos periodistas en el marco de demandas civiles interpuestas contra ellos. Desde 2020, uno de los principales periódicos del país, La Prensa, no ha podido acceder a ninguno de sus fondos. La justicia panameña secuestró las acciones y cuentas bancarias del diario a petición del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien hace años interpuso una demanda contra el periódico por publicaciones sobre supuestos actos de corrupción y blanqueo de capitales cometidos por él. El caso sigue abierto. A principios de este año, los sindicatos denunciaron el uso de demandas judiciales como mecanismo para amenazar la libertad de expresión, y pidieron a las autoridades judiciales que estuvieran atentas a estas crecientes amenazas.

Los líderes autoritarios y los políticos electos de toda la región están utilizando un libro de jugadas similar para atacar a la prensa. "Tenemos un Gobierno que admira mucho al gobierno de Ortega y de Bukele”, dice Ávila. "Ya no estamos hablando de los tiempos de la Guerra Fría, en los que había izquierda o derecha. Aquí no importa la ideología. Todos están alineados".

Aunque en Honduras todavía operan medios de comunicación independientes, a diferencia de lo que ocurre su vecino Nicaragua, los gremios de prensa están al tanto de las tácticas utilizadas en la región. 

"Hay muy poca confianza en que esto mejore", afirma Ávila. "Al contrario, puede empeorar. Hay organizaciones de la sociedad civil y periodistas organizados que están vigilando mucho esto aquí en Honduras para que no se convierta en Nicaragua o El Salvador."

Para Zamora, la situación en Guatemala es más compleja porque el país se presenta como una democracia formal con elecciones y una teórica división de poderes. Esto permite al Estado salirse con la suya en las violaciones de los derechos humanos.

"Existe esta fachada de democracia, y entonces el presidente y personajes de su gabinete salen a decir que estos son casos criminales y que periodistas son delincuentes y que se le está persiguiendo por criminales y no por periodistas", dice Zamora.

Cuando se publicó este artículo, José Rubén Zamora estaba siendo juzgado por los cargos presentados por el Estado. En el primer día ante el tribunal, Zamora padre dijo a los periodistas que era un "preso político" y que tenía la expectativa ser condenado porque no confiaba en el tribunal.

En El Salvador, el horizonte se presenta también bastante oscuro. A Araúz le gustaría que mejore el ambiente en los medios de comunicación, pero hay muchas posibilidades de que Bukele siga en el poder. Él ha anunciado que se presentará a la reelección en 2024 a pesar de que la Constitución salvadoreña tiene al menos seis artículos que prohíben su reelección inmediata.

"El Faro seguirá defendiéndose aunque sabemos que no hay independencia de poderes y que la acumulación del poder en El Salvador no puede asegurar un estado de derecho", dice Araúz.