El #MeToo llega a Colombia: Cientos de reporteras denuncian una cultura de acoso sexual y laboral

Una reportera a quien llamaremos Andrea empezó a trabajar en El Tiempo, el diario con mayor tirada de Colombia, en 2016. Apenas tenía 22 años y era su primer trabajo. Desde el principio notó que el editor de su sección hacía comentarios despectivos hacia las mujeres, ignoraba sus opiniones y descalificaba su trabajo. Con los hombres no había lo mismo.

Un día el editor de otra sección, un hombre más de 13 años mayor que ella, se acercó a saludarla. Primero, fueron mensajes a su correo electrónico del periódico, comentando su aspecto o preguntando por su vida personal. Luego, llamadas al número de su escritorio, donde telefoneaba pese a estar a unos metros de distancia. 

“Hola, ¿cómo estás?” le decía. “¿Vamos por un helado? Te espero abajo en cinco minutos”. 

"Yo le respondí a todas esas invitaciones porque, inicialmente, pensé que era inofensivo”, recuerda ahora Andrea, que en ese momento estaba en un periodo de prácticas y que aún hoy prefiere mantener el anonimato por temor a represalias profesionales, pues el hombre al que se refiere tiene poder dentro del periódico y fuentes de alto nivel en el sector político y judicial. 

Las invitaciones fueron a más. Si Andrea decía que no, él preguntaba por qué y ofrecía otra opción. Así fue aceptando ir a un restaurante costoso, subirse a su auto (donde la besó y le tocó el cuerpo por primera vez, sin que ella se pudiera mover) y luego ir a un hotel. Las invitaciones dejaban en evidencia asimetrías de poder y el miedo de una periodista joven a truncar su carrera por negarse a aceptar.

Al final de su beca en el periódico, Andrea simplemente se fue y sintió alivio al hacerlo. Tardó tres años en contarle la historia a una amiga y 10 en decidirse a ofrecer este testimonio. “Yo entendí que eso fue acoso muchos años después”, dice ahora. “De eso entonces no se hablaba con nadie. Nunca escuché de una ruta de denuncia. Hoy, aun sabiendo que fue acoso, me avergüenza".

El desequilibrio de poder que retrata la historia de Andrea, la normalización del acoso disfrazado de galantería, el silencio de los colegas, la falta de protocolos y las estructuras dominadas por hombres hicieron posible que ese acosador actuara con impunidad en uno de los diarios más importantes de América Latina. 

Pero la violencia que sufrió Andrea, que habla aquí por primera vez, no es un caso aislado. 

En marzo de 2026, algunas mujeres periodistas de Noticias Caracol denunciaron a dos presentadores del noticiero más visto de la televisión colombiana por acoso sexual. Este caso motivó a más periodistas a hablar sobre el acoso sexual y laboral que han sufrido en distintas redacciones del país. La ruptura del silencio generó que varias reporteras se unieran para recibir denuncias —más de 200 al cierre de este reportaje— y puso sobre la mesa la responsabilidad de los medios de comunicación en la desprotección de las mujeres periodistas.

La grieta: la denuncia de una becaria

Todo comenzó con una pequeña grieta: una becaria del noticiero más visto de Colombia denunció por acoso sexual a uno de los periodistas de Noticias Caracol. A ella se sumaron otras mujeres con denuncias contra otro periodista del mismo medio. 

La situación se conoció el 20 de marzo de 2026 por un comunicado del medio de comunicación. La cadena intentó proteger los nombres de los denunciados en el comunicado donde relatan los hechos, pero en menos de una hora ya circulaban sus nombres en las redes sociales: Jorge Alfredo Vargas, el presentador del noticiero de prime time, y Ricardo Orrego, jefe de deportes.

Lo que nadie esperaba fue el efecto dominó que siguió a esas denuncias. En un país donde la impunidad en casos de acoso y abuso sexual supera el 90 % según la Fiscalía colombiana, se multiplicaron las denuncias. Pronto el fenómeno rebasó a Caracol: se hablaba de acoso en los periódicos El Espectador y El Tiempo, y en la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), el sistema público de medios. Las denuncias no venían sólo de becarias. Periodistas conocidas publicaron sus vivencias que datan de hace más de 10 años y que no denunciaron por temor.

Reverdecieron también casos ignorados en el pasado. En enero de 2019, Lina Marcela Castillo denunció a Hollman Morris, entonces concejal de Bogotá y hoy gerente de RTVC, por acoso sexual y laboral. Morris negó los hechos y la denunció por injuria y calumnia. Durante años, la justicia fue sobre todo contra la denunciante. Sólo después de una carta firmada por 171 periodistas y activistas, la Fiscalía designó hace unos días a un fiscal con enfoque de género. 

Así nació #YoTeCreoColega, un movimiento impulsado por periodistas organizadas y por el medio independiente Brava News, que abrió un canal para recibir testimonios: yotecrecolega@gmail.com. En la fecha de publicación de este artículo, habían recibido más de 200 casos, de los cuales solo dos han llegado a instancias judiciales. Pero el movimiento sigue creciendo mientras afloran más casos de abuso en las redacciones.

“Lo que hemos encontrado demuestra que aquí no estamos hablando de unos casos puntuales, sino de una práctica sistemática de mucho tiempo”, dice Juanita Gómez, directora de Video de la Revista Semana y víctima de acoso en Noticias Caracol.

A este movimiento se sumó el consorcio Calladas nunca más, integrado por los medios Cuestión Pública, Volcánicas, A Fondo y la ONG El Veinte, que además de recoger testimonios busca acompañar judicialmente a quienes así lo decidan.

La cultura del acoso en los medios 

Las periodistas viven bajo la amenaza constante de ser víctimas de acoso dentro y fuera de la redacción. No es un asunto nuevo ni aislado, y sus patrones son fáciles de identificar. 

Laura Palomino, co-directora de Brava News, describe el primero: “La mayoría de los casos son de jóvenes de 21 o 22 años, becarias en búsqueda de una oportunidad. Empieza como un reclutamiento laboral: ‘Yo te puedo ayudar a crecer’; ‘Ven aquí, hacemos una reunión’”.

Lo que empieza como acoso sexual a menudo termina en acoso laboral. Ante la negativa o la denuncia, los acosadores lanzan campañas de desprestigio, aíslan a las periodistas y las desplazan en beneficio de otros. El perfil del agresor se repite: una persona con poder, alto cargo y reputación, lo que le permite ofrecer beneficios y blindarse de cualquier manto de duda.

Fue lo que le pasó a Ángela (nombre falso, al igual que el de Andrea) a sus 21 años. Desde que comenzó su beca en El Espectador, un redactor mayor que ella llegaba cada mañana y le decía al oído: “Hola, ¿te puedo tocar una teta?” Un día ella se cansó y se encaró con él. Los otros periodistas estallaron en risas. 

Un mes después llegar al diario, un editor de otra sección se acercó a Ángela para felicitarla por su trabajo y proponerle que colaboraran en un artículo. 

“Me habló de unas fuentes que eran importantísimas, casi inaccesibles, y me dijo que teníamos que encontrarnos, que solo podían en esa hora, en ese lugar”. La cita era de noche, en una dirección que resultó ser un bar con pisos subterráneos donde el editor, que estaba tomándose un trago, le decía que era una “mamacita” y que “estaba muy linda”. Las fuentes nunca llegaron, y Ángela le hizo caso a su intuición y se despidió sin dar explicaciones.

Al día siguiente, en la redacción, el editor la regañó: “¡Qué falta de cortesía, qué falta de compromiso! Maleducada”. Ahí empezó otra forma de acoso. En las semanas siguientes, él empezó a seguirla a la salida del periódico sin decirle una sola palabra. 

Para Fabiola Calvo, integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, este patrón es una expresión patriarcal de poder sostenida por el “silencio cómplice, que funciona como una llave que conduce directamente a la impunidad”. Silencio de testigos, directivos y de las propias víctimas, que saben que denunciar a acosadores con fuentes en el poder puede llevarlas a un via crucis que prefieren evadir.

A los tres meses de práctica, Ángela no quería volver al periódico. Estaba frustrada, cansada y triste; el sueño de trabajar en El Espectador se había roto. Terminó la pasantía con acompañamiento psicoterapéutico y preguntándose: “¿Será que no fui lo suficientemente fuerte?” 

Hoy, 12 años después, se le quiebra la voz al recordarlo. En aquel momento hablar no era posible. “Ni siquiera podíamos nombrarlo como lo que es”, recuerda. “Era algo soterrado, pero permitido y hasta celebrado”.

El acoso de las fuentes

La violencia no se detiene en las puertas de la redacción. Las periodistas también enfrentan acoso de sus fuentes. “Para darles la información, las invitan a una cena, a su apartamento, a sitios cerrados. Muchas caen al principio por desconocimiento o porque se creen con la suficiente fortaleza para enfrentar esto, pero el depredador lo tiene todo calculado”, advierte Calvo.

La ausencia frecuente de protocolos lo agrava todo. “No existen rutas seguras para quienes quieren denunciar, pues la respuesta es la misma: es mejor no molestar, ni dañar sus carreras en el periodismo”, advierte Paula Bolívar, co-fundadora de Brava News.

En Colombia, los protocolos de género llegaron a las salas de redacción de la mano de un fallo histórico. En 2021, la Corte Constitucional sentó un precedente con la Sentencia T-140, nacida de la denuncia de la periodista Claudia Vanessa Restrepo contra El Colombiano. 

Después de alertar sobre una agresión sexual cometida por un colega, Restrepo fue interrogada por Recursos Humanos sobre su ropa, sobre su consumo de alcohol y sobre “qué lecciones le habría dejado la experiencia”. La empresa argumentó que no tenía margen de acción al ocurrir los hechos fuera de la jornada laboral. 

Ante la falta de garantías, Restrepo renunció y llevó el caso a los estrados judiciales: denunció a su agresor y exigió a El Colombiano crear un protocolo de género para abordar estos casos. La Corte le dio la razón.

El fallo, que se remite al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, dejó claro que los empleadores no pueden mantenerse neutrales frente a la violencia de género. La magistrada Cristina Pardo, ponente de la sentencia, explica lo que eso significa: “Se debe validar la manifestación de la mujer. Esto no implica un juzgamiento judicial, simplemente debe proceder a protegerla, a tomar medidas para que no quede en contacto con el agresor”.

La sentencia estableció que el contexto laboral “no es una oficina ni un horario, sino una red de relaciones interpersonales, que incluye salidas y reuniones informales”. Proteger a la víctima y respetar la presunción de inocencia son obligaciones paralelas e independientes. 

Por otro lado, el fallo judicial determinó que la renuncia de Restrepo fue un despido indirecto y ordenó a El Colombiano crear un protocolo de prevención y atención de violencia de género. Al quedar en jurisprudencia constitucional, esa obligación se convirtió en referente para otros medios del país.

Protocolos que no se aplican

América Latina está avanzando poco a poco en la creación de protocolos de género. El estudio #MediosSinViolencias, elaborado por la organización argentina Comunicación para la Igualdad y la UNESCO, revela que el 43 % de los medios estudiados en 14 países de la región ya los tiene. 

Sandra Chaher, directora de Comunicación para la Igualdad, prefiere leerlo con optimismo: “Vería el vaso medio lleno. Habían pasado nueve años desde que empiezan a surgir los primeros protocolos tras los movimientos de #NiUnaMenos o el #MeToo, y ya tenías casi un 50 % de los medios de la región con algún nivel de protocolo”.

En términos legales, los protocolos son sólidos. El problema no está en el papel sino en lo que las empresas hacen con él. “Nos encontramos con periodistas de medios de Argentina que dijeron: ‘Existe el protocolo, pero nadie lo vio y no está disponible para el staff’”, explica Chaher, en un hecho que ratifican las demás entrevistadas.

Las cifras del estudio confirman esa brecha entre la norma y la realidad, pues el 75 % de las mujeres entrevistadas dice conocer al menos un caso de violencia de género hacia periodistas, pero solo el 28 % se atrevió a denunciar. El miedo no es infundado: en el 41,5 % de los casos de denuncia también hubo represalias, como despidos, amenazas o presión para renunciar. Y en el 54,5 % de los casos, los agresores no fueron sancionados.

A eso se suma que, de acuerdo con Comunicación para la Igualdad, solo el 18,5 % de quienes trabajan en medios dijeron que sus organizaciones tienen áreas especializadas para abordar el tema. Para Chaher, ahí está el nudo del problema: “Si la empresa no tiene área de violencia, si no sanciona a los agresores, si los agresores ocupan los cargos jerárquicos, no puedes desarmar esa omertà de impunidad y violencia, y esto no se va a resolver. No pasa solamente por la herramienta formal del protocolo”.

Un caso práctico

Después de las denuncias en Noticias Caracol, Fidel Cano, director de El Espectador, manifestó que las denuncias de acoso sexual le habían “estremecido” y que, aunque el medio que dirige no es inmune a casos similares, los protocolos internos eran bastante rigurosos. 

Esas declaraciones motivaron una queja por acoso laboral de Pilar Cuartas, ex-editora de Género y Diversidad de El Espectador, quien contó su experiencia como víctima de violencia por parte del editor de otra sección, quien torpedeaba e invalidaba su trabajo por sistema.

En junio de 2024, Cuartas presentó una queja por acoso laboral y escribió al correo dispuesto en el protocolo de género del medio, pero el mensaje rebotó porque la dirección ni siquiera existía. El resultado fue que el caso quedó en manos de un comité de convivencia sin ninguna experiencia en este tipo de situaciones, sin conocimiento para llevar el proceso ni tomar testimonios, y en donde se violó la confidencialidad del caso. 

“Yo perdí el sueño, lo que afectó mi salud física y mental,” dice ahora Pilar. “Me sentía observada, que hablaban de mí, y efectivamente así era”.

Los protocolos deben cumplir con una serie de pasos y estándares, explica la abogada especializada en violencia de género Yamile Roncancio. “Tenemos las medidas de cuidado inmediato o contención; las medidas de atención psicosocial, que deberían estar orientadas al trauma; las medidas de atención jurídica con el deber de no neutralidad y no repetición. El protocolo tiene que contemplar ese tipo de medidas para que funcione”, dice Roncancio. f

El comité tardó un mes en activar una ruta de atención, sin asesoría psicológica ni jurídica y sin separar a Cuartas del denunciado. Sólo cuando ella contactó con él director Fidel Cano, quien dijo no saber nada del caso y declararse neutral, el proceso avanzó. Sin embargo, El Espectador determinó que no hubo acoso laboral, sin explicar por qué.

Cuartas llevó el caso ante un juez con el argumento de que El Espectador violó su derecho a vivir una vida libre de violencias. El juez negó su pretensión, aunque reconoció que el periódico no tenía rutas claras para denunciar. El 24 de septiembre, tres meses después de interponer su queja, Cuartas dejó su trabajo en el periódico. 

Los protocolos no funcionan ni cuando la víctima sufre la violencia ni como herramientas de prevención. “También debe haber protocolos para que los propios agresores caigan en cuenta de que hay conductas reprochables frente a la ley y la organización, y que no se van a tomar como actitudes normales, porque forman parte de una cultura patriarcal”, dice la magistrada Cristina Pardo. 

Tanto Pardo como Chaher y Roncancio coinciden en que es necesario hacer campañas y talleres para cambiar la cultura de las redacciones. “Se hacen para efemérides como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, pero se olvidan el resto del año”, dice Chaher.

Para Cuartas esto es clave, porque pensó que el protocolo estaba bien y que el diario protegería a las denunciantes, pero nada de eso ocurrió. El Espectador se defendió a nivel judicial en una respuesta, dice Cuartas, llena de prejuicios. 

“Transmite la idea de que soy caprichosa y quiero venganza contra mi acosador”, explica. “También da a entender que estoy traicionando a la institución y que soy poco creíble”.

El acoso, pero también la revictimización en el proceso, le dejaron secuelas graves en la vida de Cuartas, para quien este proceso rompió el sueño de dedicarse al periodismo.

Un atentado a la libertad de expresión

En medio de las tensiones y amenazas a su reputación, varios de los medios mencionados, como El Tiempo, El Espectador o Caracol, han abierto canales de comunicación para que las víctimas puedan hacer denuncias, incluso si ya no están vinculadas a la redacción, y así abrir las investigaciones internas correspondientes e individualizar casos. Pero a las periodistas que fueron víctimas de acoso les preocupa que estas acciones sean una simple respuesta a la coyuntura y que sus acosadores permanezcan en sus lugares de trabajo sin sanciones y poniendo en riesgo a decenas de mujeres periodistas.

Juanita Gómez pide un mea culpa honesto: “Que lleve a una reflexión profunda de cómo fue que llegamos hasta este punto sin que nada más pasara. Ha habido un silencio mediado por el poder y otro por el miedo a perderlo absolutamente todo”. 

Esto es aún más grave cuando se pone en perspectiva la consecuencia final del acoso: el hostigamiento empuja a las mujeres periodistas a la autocensura y las expulsa de las salas de redacción, lo que configura una violación a la libertad de expresión y golpea directamente la democracia. Por eso los protocolos no son un requisito más, sino un compromiso con sociedades más justas. 

Como dice la magistrada Pardo, “La voz de las mujeres, que somos el 50% de la humanidad, no puede ser acallada de esa manera”.

En el momento de la publicación de este texto, dos de las personas acusadas de acosar a las protagonistas de esta historia siguen trabajando en los medios mencionados en este artículo y ocupan espacios de poder y renombre. El periodista que acosó a Pilar Cuartas renunció. Al menos cinco personas más estaban dispuestas a denunciarlo también por acoso laboral. 

Tanto El Espectador como El Tiempo mencionaron estar dispuestos a recibir y tramitar los casos bajo sus protocolos. En el caso de El Tiempo, su director Andrés Mompotes nos expresó su interés por “revisar todo lo que haya que revisar sobre hechos que ocurrieron hace 10 años o en otro momento previo a la implantación de la política y protocolos que hoy son rigurosos y se han fortalecido desde 2020”. 

Sin embargo, hasta el momento no han recibido nuevas denuncias, Al igual que Caracol Noticias, dice Mompotes, han “contratado una auditoría externa para revisar lo que en ese contexto se menciona de años anteriores”. 

Mompotes agrega: “Soy consciente de la necesidad de hacer una evaluación rigurosa de todo lo que haya podido pasar y de poner en perspectiva cada caso. Aquí no se admite ni se admitirá el acoso”.