Costa Rica era el faro de libertad de prensa en Centroamérica. ¿Por qué ha dejado de serlo?

En los últimos cinco años, Costa Rica ha caído más de 30 puestos en la clasificación mundial de libertad de prensa que elabora la organización Reporteros Sin Fronteras. En el año 2021, el país ocupaba el puesto número 5 en el índice, sólo por detrás de cuatro países nórdicos. En 2026 Costa Rica ha experimentado una caída libre hacia el puesto número 38.

¿Cómo es posible que un país que durante décadas fue el faro de valores democráticos en una región marcada por el autoritarismo, la guerra y los ataques a los periodistas haya experimentado un declive tan vertiginoso en la libertad de prensa? 

Para explorar la respuesta a esta pregunta, conversé con seis expertos y editores de medios independientes costarricenses, que explican qué problemas sufren y cómo vislumbran el futuro para la profesión.  

La era del chavismo

El retroceso de la libertad de prensa en Costa Rica no es un fenómeno accidental. Responde a una serie de causas estructurales. José Zamora, el director regional para las Américas del Committee to Protect Journalists, subrayó que ha habido un retroceso demócratico alrededor del mundo y que Costa Rica no es la excepción. 

“Costa Rica es un lugar especialmente difícil de entender porque era un país estable, coordinado, democrático. Es el país más democrático de Centroamérica”, dice Zamora. “De repente hay este cambio de retroceso democrático, pero tienes también la polarización y la desinformación. Es como la tormenta perfecta”. 

En 2022, Costa Rica eligió al economista Rodrigo Chaves como nuevo presidente. Chaves adoptó un gobierno con tinte autoritario y populista que ejecutó una estrategia premeditada para debilitar a la prensa independiente. Durante sus cuatro años de gobierno, que terminaron en mayo, se implementaron técnicas para suprimir el trabajo de la prensa. 

Yanancy Noguera es una periodista costarricense con una trayectoria de más de 25 años. Actualmente es la fundadora y directora del programa de periodismo colaborativo Punto y Aparte y la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. 

Noguera sostiene que el enfrentamiento de Chaves con la prensa comenzó a partir de la cobertura de su pasado en el Banco Mundial. En agosto de 2021, medios como La Nación revelaron una sanción del Banco Mundial vinculada a denuncias de acoso sexual. Chaves no negó sin más la existencia del caso, sino que rechazó la caracterización de sus actos como acoso sexual. Sostuvo que la cobertura era parcial y la atribuyó a grupos poderosos interesados en frenar su ascenso político. Desde entonces, intensificó un discurso de confrontación contra medios críticos. 

“Durante esos cuatro años, vivimos una descalificación constante de los medios: ‘Este medio miente, este medio miente’”, explicó Noguera. “Además, se adoptó el término de la ‘prensa canalla’ que él usó de forma reiterada, junto con una dinámica sostenida de desprestigio hacia medios y periodistas”.

Fabrice Le Lous es el director del diario La Nación, uno de los medios más antiguos del país y el blanco principal de los ataques del gobierno de Chaves. Le Lous explica que los ataques constantes contra los actores que fiscalizan el poder o son críticos del gobierno  —ex presidentes, magistrados, diputados, directivos de medios independientes, periodistas, etc.— generan una percepción binaria de 'ellos contra nosotros', 'buenos y malos'; y forman parte de una estrategia populista que se ha visto más allá de Costa Rica, en líderes como Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele o Daniel Ortega.

“Al final, es más un tema de antidemocracia”, dice Le Lous. “Porque hay un socavamiento de algunas de las estructuras más importantes de la democracia, como el respeto por la separación de poderes, la institucionalidad, la Constitución y, en nuestro caso, la libertad de expresión.”

Siguiendo el manual autoritario

La demonización de la prensa es una de las primeras tácticas que los gobernantes usan cuando coquetean con el autoritarismo. No es una táctica nueva. Pero en los últimos cinco años se ha recrudecido a medida que el mundo avanzaba hacia el autoritarismo.

 La institución V-Dem, cuyo propósito es medir la democracia, señala que el declive democrático global se ha ido agrandando en los últimos años. Según sus cifras, en 2025 hay más autocracias que democracias y el 74% de la población mundial vive en países no democráticos. Costa Rica aún se encuentra en niveles estables. Pero el país, al igual que Estados Unidos, muestra claros signos de retroceso. 

Los ataques a la prensa suelen funcionar como una alerta temprana del deterioro democrático, porque buscan debilitar la rendición de cuentas y reducir el espacio de escrutinio público. Estos ataques siguen un guión ya conocido: los líderes suelen presentar a los medios independientes como enemigos, utilizando etiquetas como “traidores”, “corruptos” o (en este caso) “prensa canalla”. 

Hulda Miranda Picado es la coordinadora de Interferencia, el equipo periodístico investigativo de Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Ella apunta que el principal factor detrás del deterioro es la llegada al poder de un proyecto político con rasgos autoritarios, que busca debilitar la prensa y silenciar voces críticas mediante la burla, la estigmatización y la desacreditación sistemática.

“La crítica es legítima en democracia”, dice. “Lo preocupante es que desde el poder se desacredite a quienes fiscalizan al Estado, porque eso termina incentivando campañas de insultos y hostigamiento en redes sociales, y termina generando una autocensura que significa menos fiscalización del poder”.

Miranda Picado, al igual que muchos de los periodistas con los que conversé, dijo que ha visto un aumento de la hostilidad hacia su trabajo. Y no solo desde la tribuna presidencial sino también a través de campañas sistemáticas de insultos y acoso en redes sociales. 

Varios periodistas señalaron que el Gobierno habría facilitado una red de influencers afines para reproducir los ataques del presidente contra la prensa y difundir mensajes despectivos. Un ejemplo claro es del trol “Piero Calandrelli” quien dijo que recibió instrucciones de diputados de la Asamblea para atacar a la prensa. El mismo Calandrelli afirmó en otra declaración que el influencer “Robert Junior” actuaba como enlace entre Casa Presidencial y una red de cuentas en Facebook y TikTok que respaldan al Gobierno, atacan a medios de comunicación y cuestionan a la oposición.

Jimena Soto, directora de prensa del diario CRHoy, afirma además que el Gobierno ha impulsado un ataque económico contra los medios independientes, desviando la publicidad institucional hacia medios propagandísticos, influencers y cuentas de troles, como parte de un esfuerzo más amplio por debilitar la base financiera del periodismo.

“Se empezó a recortar esa pauta publicitaria y a dirigirla hacia pequeñas páginas en internet que empezaron a surgir y se llamaban medios pero que en realidad eran medios propagandísticos de este Gobierno sin ningún tipo de criterio técnico ni beneficio para las instituciones”, me dijo Soto. “A eso hay que sumarle que este Gobierno empezó a tomar acciones para atacar el origen económico de los medios”.

Un “estrangulamiento económico” 

La retirada de la publicidad fue uno de los temas que los periodistas con los que hablé mencionaron con más frecuencia. Varios la describieron como una estrategia de “premio y castigo” o de “estrangulamiento económico”. 

Soto explica que en Costa Rica el Gobierno central incluye ministerios y también instituciones autónomas con gran peso económico, como el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros. Antes de la llegada al poder de Chaves, esas entidades solían invertir en medios independientes porque eran los que tenían mayor audiencia y alcance.

Berlioth Herrera, directora del medio El Observador, dice que la pauta publicitaria estatal es solo parte de un problema más amplio: el sector de los medios está atravesando una crisis para redefinir su modelo de negocio. Lo que está en crisis no es solo la pauta, sino la forma tradicional en que los medios se sostenían económicamente.

“Las empresas privadas se decantan por la pauta más barata, que es la de Meta y Google. Lo que les queda a los medios es la pauta pública, y ahí ha habido criterios distintos, y eso ha hecho entrar en crisis a varios medios”, dice. 

Herrera también señala que existe un temor a que el sector privado retire su apoyo publicitario a la prensa crítica por miedo a sufrir represalias gubernamentales en sus propios negocios. 

Noguera, la presidenta del Colegio de Periodistas, afirma que a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, los medios en Costa Rica no suelen recibir donaciones de organizaciones internacionales, por lo que su supervivencia depende exclusivamente de lo que generen en el mercado local, ahora bajo asedio. 

Los medios con los que conversé se han logrado mantener a flote con diversas vías de financiación. Medios como Interferencia sobreviven porque sus fondos, aun siendo públicos, llegan a través del presupuesto de la Universidad de Costa Rica. Medios como CR Hoy y El Observador, a pesar de los desafíos, aún tienen una robusta base de anunciantes privados que les permite no depender de la publicidad estatal. La Nación ha diversificado sus ingresos con suscripciones y otras unidades de negocios como eventos. 

Sin embargo, esta combinación de factores económicos ha provocado que varios medios pequeños se dobleguen para sobrevivir y que otros recurran a la autocensura para evitar ser el próximo blanco del poder. 

“Pasamos de un sistema que quizá pudo haber sido más plural, con mayor diversidad de medios, a un ecosistema en el que hay medios independientes y medios que no lo son. Hay algunos que están doblegados por el movimiento chavista y otros que simplemente dejan de cubrir ciertos temas”, dice Noguera. 

Más allá de lo económico

Además de sufrir dificultades económicas y el acoso del Gobierno, a los periodistas de Costa Rica les resulta cada vez más difícil desempeñar su profesión. Miranda Picado asegura que existe una clara política de retrasar respuestas, ignorar solicitudes o limitar datos que antes eran de libre acceso. 

“En Interferencia hacemos periodismo de investigación, y ese tipo de trabajo depende de que exista acceso oportuno a la información pública. En los últimos años hemos afrontado más dificultades para obtener información oficial, respuestas tardías o inexistentes, y una necesidad creciente de acudir a recursos legales o de insistir durante meses para acceder a documentos que deberían ser públicos”, dice. 

Al estilo de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en México, el presidente Chaves convirtió las conferencias de prensa en un espectáculo controlado, donde solo respondía a las preguntas que le convenía. Según los periodistas con los que hablé, estos eventos dejaron de funcionar como espacios reales de prensa y pasaron a ser un lugar donde algunos periodistas se vieron ridiculizados. 

“Fuimos de los muy pocos medios que nunca dejamos de ir a sus actividades ni a sus conferencias de prensa”, me dijo Herrera. “A nuestra periodista en un par de ocasiones le respondió de una forma complicada, y luego venían ataques de troles. Pero las veces que ocurrió, lo sorteamos y seguimos trabajando”.

Noguera describe el envío de inspectores del Ministerio de Salud, de Trabajo o de Hacienda a medios y periodistas como una forma de castigo por su línea editorial. Por ejemplo, Soto me contó que Leonel Baruch, presidente de la junta directiva de CRHoy y alguien que no influye en la línea editorial del diario, fue objeto de una investigación tributaria impulsada por Hacienda para generar presión hacia el poder económico del medio. 

“Como saben que en Costa Rica hay una institucionalidad fuerte, jurisprudencia constitucional que defiende la libertad de prensa y convenios internacionales que también la protegen, ellos no pueden atacar directamente al medio como pasa en otros países”, me dijo Soto. “Lo que han hecho es tratar de atacar el poder económico para  hacer un esfuerzo por doblar el brazo”.

Los ataques transnacionales 

En mayo del 2026, a cinco de los siete miembros de la junta directiva del diario La Nación se les revocaron sus visados turísticos de entrada a Estados Unidos. El Gobierno de EEUU no dio ninguna explicación oficial. Pero La Nación consideró este incidente como un posible intento de castigar a los directivos por la línea editorial del periodico.

Le Lous, el director del diario, dijo que no se puede afirmar, ya que no existen pruebas técnicas de una solicitud del Poder Ejecutivo hacia Washington, pero que el retiro de visados se viene dando en un contexto de la identificación de un patrón que ha afectado exclusivamente a figuras públicas, magistrados y directivos de medios independientes percibidos por el oficialismo como “enemigos del gobierno”.

“Además de lo que podemos inferir y lo que escuchamos en off, el mismo New York Times sugirió en su cobertura inmediata a la revocación de visas que Estados Unidos estaría castigando a críticos de sus aliados”, explica Le Lous.

Zamora, director para las Américas del CPJ, señala que muchos líderes autoritarios de la región tienden a buscar apoyo mutuo, y a colaborar con el Gobierno de Trump. Creen que esa alianza los fortalece y les ayuda a evitar rendir cuentas, algo que también se expresa en su relación hostil con la prensa y en medidas como retirar visados sin una explicación clara.

“La mejor manera de evitar rendir cuentas es reprimir a la prensa”, dijo Zamora. “Si tienen una buena relación con Estados Unidos, eso les ayuda”.

Soto, de CRHoy, señala que al presidente de la junta directiva del diario, Leonel Baruch, también se le revocó el visado junto con otros que han sido críticos del movimiento de Chaves, como algunos magistrados de la Sala Constitucional, el presidente del Congreso Rodrigo Arias, el ex-presidente Óscar Arias y varios diputados en ejercicio. 

Otra de las preocupaciones transnacionales de Zamora es lo que este deterioro significa para los periodistas que llegaron a Costa Rica desde otros países de la región.  Aunque no hay cifras precisas, Zamora subraya que un número importante de periodistas que han sufrido represalias en Nicaragua, Guatemala o El Salvador eligió Costa Rica como refugio. Algunos medios como El Faro incluso dieron el paso de trasladar allí sus operaciones para mantenerse a salvo del régimen del presidente Nayib Bukele. 

“El régimen de Ortega ha empezado a ir contra periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, que ahora se ven obligados a enfrentar un segundo exilio”, explica Zamora.  “Eso también se ve en El Salvador, donde los ataques contra la prensa continúan y les congelaron las cuentas a miembros de El Faro”.

Con una mirada hacia los vecinos 

Rodrigo Chaves dejó de ser presidente de Costa Rica en mayo de este año. Su sucesora, Laura Fernández, se presentó como la continuación de la presidencia de Chaves, que esté no podía proseguir por el límite de mandatos. 

Laura Fernández ha mostrado públicamente un tono más conciliador y de diálogo con la prensa que Rodrigo Chaves, pero su línea política sigue claramente alineada con el chavismo y con la continuidad del proyecto de Chaves. Además, ya ha generado polémica por declaraciones favorables al régimen de Ortega, lo que ha tensado su relación con periodistas y críticos. Habiendo dicho esto, los periodistas no creen que el acoso vaya a cambiar durante el mandato de Fernández, ferviente aliada de Chaves y defensora de su legado político. 

Centroamérica ha visto recientemente una enorme represión contra la prensa en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Aunque Costa Rica no ha llegado a estos niveles, se arriesga a seguir los pasos de sus vecinos. 

Soto dice que ella y sus colegas se preguntan cada día cómo evitar que eso suceda, con su propio Gobierno también expresando admiración hacia el Gobierno de Bukele. 

“Lo que nosotros podemos hacer es seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible”, dice Soto. “Por suerte, en Costa Rica hay unas instituciones muy robustas que nos defienden y que mantienen límites muy claros entre lo que puede y no puede  hacer el poder ejecutivo.”

Los periodistas con los que hablé no prevén que las cosas mejoren a corto plazo. El Gobierno actual es continuista y Chaves podría volver al poder. Sin embargo, aún tienen fe en la solidez de sus instituciones democráticas, y luchan por proteger la separación de poderes, el acceso a la información pública, y la existencia de una prensa crítica. 

Miranda Picado dice que defender la libertad de prensa no es defender a un medio en particular, sino el derecho ciudadano a recibir información independiente y exigir rendición de cuentas.

“Nicaragua no perdió la libertad de prensa de un día para otro”, dice Miranda Picado. “Fue un proceso gradual de deslegitimación de los periodistas, restricciones crecientes y concentración del poder. Costa Rica aún está muy lejos de ese escenario, pero conviene prestar atención a estas señales antes de que se conviertan en problemas estructurales”.

Le Lous, que trabajó como periodista en Nicaragua hasta el 2018, dice que, aunque los medios independientes son pocos, estos siguen comprometidos con su papel democrático de fiscalizar al poder y acompañar a la ciudadanía para entender lo que ocurre en Costa Rica.

“Nadie puede pensar que debemos dar la democracia por sentada ni dar por sentado lo que conocemos”, dice. “Creo que aquí los medios tenemos un rol muy importante, pero todos los actores de la sociedad civil lo tienen. Y bueno, eso es lo que te puedo decir: miedo, no tengo”.