“No se va a derribar ni un solo árbol.” Esa fue la promesa del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador antes de que comenzara la construcción de los 1,554 kilómetros del Tren Maya en diciembre de 2018. 

Hoy se han derribado al menos 3,4 millones de árboles y algunas estimaciones sitúan la cifra más cerca de los 10 millones. Los pilotes colocados en la frágil roca caliza bajo la península de Yucatán han contaminado partes del Gran Acuífero Maya y uno de los mayores proyectos de infraestructura de México ha transformado ecosistemas que, según muchos científicos, no pueden ser restaurados. 

Organizaciones comunitarias, grupos ecologistas y abogados respondieron presentando al menos 25 impugnaciones legales importantes en 2023 y hasta 70 amparos en 2025 para intentar detener la construcción. Los jueces emitieron reiteradamente suspensiones definitivas que ordenaban detener las obras. Sin embargo, el Gobierno federal continuó con la construcción, eludiendo o sorteando jurídicamente las resoluciones judiciales. Al mismo tiempo, los defensores ambientales afrontaron una violencia cada vez mayor: al menos 25 fueron asesinados en 2024, mientras que se documentaron 236 ataques, entre ellos intimidación, hostigamiento, criminalización y difamación. 

El Tren Maya se convirtió en una de las pruebas decisivas de la justicia ambiental en México, al poner de manifiesto tanto las posibilidades como los límites de las protecciones constitucionales del país.  

Justo cuando las comunidades estaban usando con más frecuencia esas protecciones, el marco jurídico comenzó a cambiar. A través de las reformas judiciales y las modificaciones a la Ley de Amparo, el equilibrio de la justicia se inclinó decididamente a favor del Estado y de las empresas que llevan a cabo proyectos estratégicos de infraestructura, según los expertos con los que hablé.  

Este proyecto se basa en entrevistas con 21 abogados ambientalistas, especialistas en derecho constitucional, científicos, líderes comunitarios y activistas mayas, y se nutre también de mi trabajo de campo en la península de Yucatán. 

El proyecto pregunta qué sucede cuando la justicia ambiental se debilita desde arriba y cómo responden las comunidades a esa debilidad. Ante la reducción de las protecciones legales, mis entrevistas revelan que la organización, el conocimiento jurídico y la memoria colectiva se han convertido en formas de defensa ambiental. Para los periodistas, entender esas respuestas es ahora tan importante como informar sobre los propios conflictos. 

Cómo se debilitó la Ley de Amparo 

Las comunidades que impugnaban el Tren Maya estaban usando con más frecuencia una de las salvaguardas constitucionales más poderosas de México: el amparo. Durante décadas, permitió a los jueces suspender proyectos antes de que ocurrieran daños ambientales irreversibles. Después de las reformas constitucionales de 2011, las comunidades ya no tenían que ser propietarias de las tierras para defenderlas. Bastaba con demostrar que el daño ambiental amenazaba el bien colectivo para acreditar un interés legítimo. 

Ese marco jurídico cambió en 2024. 

Las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador modificaron la forma en que se selecciona a los jueces, sustituyendo la designación según los méritos por la elección mediante voto popular. Al mismo tiempo, las modificaciones a la Ley de Amparo restringieron quién puede promover impugnaciones constitucionales y dificultaron la protección ambiental preventiva. 

Los abogados entrevistados para este proyecto señalaron reiteradamente tres preocupaciones: 

• Los amparos protegen cada vez más a menudo sólo a quienes los promueven, en lugar de a comunidades enteras afectadas.  
• Las comunidades ahora deben demostrar un daño más directo e inmediato, lo que dificulta intervenir antes de que el daño ambiental se vuelva irreversible.  
• Los jueces tienen mayores facultades para desechar los casos de manera anticipada y mayor margen para dar prioridad a proyectos considerados de interés público. 

La abogada ambientalista Carla Aceves advirtió que estos cambios debilitan el propósito preventivo del derecho ambiental porque “para cuando se puede demostrar de manera concluyente el daño, este ya es irreversible”. 

Raúl Aldama sostuvo que las reformas desplazaron el poder de una de las pocas instituciones capaces de actuar como contrapeso constitucional del Poder Ejecutivo. 

Qué deberían hacer los periodistas 

Los 21 expertos entrevistados para este proyecto compartieron un mensaje constante: los conflictos ambientales no son únicamente historias sobre la naturaleza. Son historias sobre el poder: quién lo ejerce, quién se beneficia de él y qué voces quedan excluidas cuando se toman las decisiones. 

1. Seguir la ley con tanta atención como el territorio. 

Muchas historias ambientales se centran en las protestas, las resoluciones judiciales o las obras mismas, pero los acontecimientos más trascendentes suelen ocurrir mucho antes de que llegue una excavadora.  

Los periodistas deberían entender los mecanismos legales de los que dependen las comunidades para impugnar proyectos, seguir los litigios constitucionales con la misma atención que los trámites de autorización y reconocer cuándo los cambios legislativos modifican silenciosamente el equilibrio de poder entre la ciudadanía y el Estado. La guía práctica incluida en el proyecto completo, y disponible también en PDF más abajo, será de utilidad. 

2. El periodismo ambiental debe estar guiado por la evidencia, no por las declaraciones. 

Los anuncios del Gobierno y los comunicados de prensa de las empresas son solo una fuente de información. Los entrevistados señalaron reiteradamente los llamados informes de impacto ambiental, los dictámenes de expertos, los estudios hidrológicos, los registros de contratación pública, los presupuestos públicos, los expedientes judiciales y las solicitudes de acceso a la información como documentos que con frecuencia revelan una historia diferente. Leer estas fuentes y compararlas unas con otras permite a los periodistas poner a prueba las afirmaciones oficiales en lugar de limitarse a repetirlas. 

3. Los periodistas deben ampliar su definición de quién cuenta como experto. 

Los científicos, abogados constitucionalistas e hidrólogos siguen siendo fuentes indispensables, pero también lo son las comunidades que viven con el cambio ambiental todos los días.  

A lo largo de mis entrevistas, líderes comunitarios describieron cómo documentan cómo funcionan los procesos del cambio de suelo, la deforestación y la calidad de agua, cartografían los daños ambientales, registran historias orales y preservan conocimientos indígenas que posteriormente se convirtieron en pruebas en los tribunales. No se trata simplemente de testimonios; son formas de conocimiento especializado. 

4. Los periodistas deberían prestar más atención a las instituciones y no solo a los resultados. 

Una resolución judicial, una consulta o un permiso ambiental rara vez son el final de la historia. ¿Se implementó la resolución? ¿La consulta fue realmente significativa? ¿Se monitorearon las condiciones ambientales después de la autorización? ¿Qué organismos públicos son responsables de hacer cumplir las normas y qué sucede cuando no lo hacen? A menudo, la rendición de cuentas está en seguir lo que ocurrió después de que el titular dejó de ser noticia. 

Conclusión 

El periodismo ambiental debe reconocer que los conflictos por los bosques, ríos y acuíferos de México también son conflictos por la democracia. Revelan cómo se toman las decisiones, cómo se ejercen los derechos y si las instituciones siguen teniendo la capacidad de proteger el interés público. 

Para los periodistas, entender estas cuestiones ya no es un ejercicio jurídico especializado. Se ha vuelto fundamental para explicar cómo funciona la gobernanza ambiental y a qué intereses termina sirviendo.