Mientras la prensa escrita y la televisión del Perú se adaptan a un potente desplazamiento de la publicidad hacia los contenidos digitales, los periodistas además se enfrentan a una serie de retos políticos y legales, en especial una acusación por “terrorismo de imagen” contra reporteros de investigación.

Los vientos no son favorables para los medios tradicionales peruanos, y el pronóstico indica que los medios digitales concentrarán casi dos tercios de la inversión publicitaria antes de que acabe esta década. La televisión, en particular, hace frente a una reducción de la mitad de sus ingresos publicitarios para 2029, según IPG Mediabrands. Los despidos en los medios tradicionales se han intensificado: el caso más notable es el de la cadena Latina Televisión, líder desde 1983, que ha cancelado su noticiario vespertino y ha echado a empleados prominentes. 

Un gran ganador es el video online, y los medios nativos digitales aprovechan al máximo su preparación para lo que será un año turbulento desde el punto de vista político. Canal Ya hace contenido periodístico en streaming vía YouTube y otras plataformas. La Roro Network comenzó con el foco en el entretenimiento para peruanos de a pie, pero ha ampliado su programación al análisis y el debate político. Habrá mucho de qué hablar. En abril de 2026 serán las elecciones a la Presidencia y a un Congreso recién ampliado a 60 senadores.

Al mismo tiempo, se han intensificado los ataques a periodistas. Después de visitar el país en marzo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la libertad de expresión y de prensa en el Perú se halla en franco retroceso. Documentó un pronunciado aumento de las acciones judiciales contra periodistas, amenazas del crimen organizado, restricciones para el acceso a la información pública, parcialidad progubernamental en los medios estatales y propuestas legislativas que coartan la libertad de prensa.¹

Entre las medidas más controvertidas figuran las nuevas atribuciones para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que ahora puede regular y sancionar a las ONG que reciben financiación internacional, especialmente cuando se destine al apoyo jurídico, técnico o económico en acciones contra el Estado peruano.² Algunos de los más afectados por esta ley serán las víctimas de violaciones a los derechos humanos y los periodistas que busquen apoyo legal contra el Gobierno.

Legisladores han impulsado además la denominada “ley mordaza”, para aumentar las penas de prisión por difamación y para alterar la normativa vinculada al derecho de rectificación. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), entre 30 y 35 colegas deben lidiar con procesos judiciales cada año. 

Los ataques también han provenido directamente de la presidenta Dina Boluarte y de sus ministros. Y las tensiones se han intensificado debido a dos grandes escándalos en los que se encuentra involucrada la propia Boluarte. El primero, bautizado “Rolexgate”, fue destapado por el medio digital La Encerrona a principios de 2024: reveló que la mandataria había adquirido al menos tres relojes de alta gama y joyas de lujo, y nada de eso figuraba en sus declaraciones de bienes. En un principio ella negó las acusaciones, y más tarde dijo que se trataba de “préstamos” del gobernador de la ciudad de Ayacucho, y afirmó que había devuelto todo. 

El segundo caso surgió cuando el semanario político independiente Hildebrandt en sus Trece descubrió que la presidenta había dejado sus funciones en forma secreta durante dos semanas para someterse a una cirugía estética, sin notificar al Congreso, que es su obligación constitucional. Boluarte alegó que los procedimientos eran esenciales y que permaneció consciente y activa en todo momento.³

En respuesta a estas y a otras investigaciones, la presidenta ha acusado a los periodistas de difundir “noticias falsas” y de hacer “terrorismo de imagen” atacando su estilo de vida. Un audio filtrado mostró a su exministro del Interior, Juan José Santiváñez, dando instrucciones a un integrante de una unidad de elite de la policía para “controlar” a Marco Sifuentes, fundador de La Encerrona. El ejemplo más extremo de la creciente tensión y animadversión hacia la prensa se produjo con el asesinato de Gastón Medina Sotomayor, propietario de Cadena Sur TV. Lo mataron a tiros en la puerta de su casa en Ica, al sur de Lima, en un atentado que recuerda las tácticas empleadas en México para silenciar al periodismo.

El informe 2024 de la ANP menciona que las principales agresiones a reporteros han sido protagonizadas por funcionarios nacionales y locales, entre ellos el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.⁴ La periodista Clara Elvira Ospina, de Epicentro TV, compartió en X un video con las frecuentes calumnias y los insultos que recibe, ataques que serían sistemáticos y financiados con dinero público.

Muchos políticos, incluidos quienes son candidatos, eluden por completo a los medios y en especial los encuentros donde podrían verse sometidos a escrutinio; prefieren aparecer en entrevistas livianas y superficiales con influencers. El ejemplo más llamativo ocurrió durante la visita del estadounidense IShowSpeed (Darren Jason Watkins Jr.), a quien López Aliaga nombró “alcalde de Lima por una hora”, en un aparente intento de aprovechar los más de 39 millones de seguidores que tiene el streamer en YouTube.

Lourdes M. Cueva Chacón
Universidad Estatal de San Diego

Medios cambiantes

El consumo de fuentes tradicionales de noticias, como la televisión y la prensa escrita, sigue disminuyendo, mientras el uso de las redes sociales (64%) es alto en comparación con los estándares internacionales. Los peruanos se han volcado especialmente hacia los videos breves de TikTok: un 33% usa esta plataforma para informarse, lo que representa un incremento de 6 puntos porcentuales en relación con 2024.

La confianza en las noticias aumentó 5 puntos porcentuales este año (40%), quizá debido a que el periodismo sacó a la luz recientes controversias. Algunas marcas de larga tradición, como RPP Noticias y el histórico diario El Peruano, gozan de la confianza de más del 50%, aunque muchos peruanos consideran que los grandes medios no son suficientemente independientes de los poderosos intereses económicos y políticos.

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